Parece escasa la referencia al alcance práctico real, personal y no sólo teórico o técnico intelectual, cuando se discute acerca del peculiar sesgo ideológico de la EpC que patrocina el actual gobierno español.
Aquí, en Scriptor.org, se ha hablado -digámoslo así- en torno a las deficiencias del proyecto, tanto en lo que supone una aplicación claramente deformada y extralimitada del proyecto europeo de formación cívica, como en lo que tiene de atentado a la libertad de las conciencias, a la racionalidad y la dignidad de las personas a las que se destina.
Aquí se ha insistido en esos dos tipos de cuestiones, en la medida en que los alumnos han de someterse obligadamente a la arbitrariedad ideológica unilateral de los principios que rigen esa materia, al margen de la racionalidad filosófica práctica que presuntamente debería ser su fundamento.
En este sentido, parecen más razonables las voces de algunas posturas, que avisan sobre el alcance práctico, vital, de la materia. Por ejemplo, lo dicho por José Luis Bazán, de Profesionales por la Ética: “En la evaluación de Educación para la Ciudadanía se van a valorar actitudes, no conocimientos”, criticando lo dicho en el Boletón Oficial del Estado, a propósito de la EpC:
"El aprendizaje de esta área va más allá de la adquisición de conocimientos, para centrarse en las prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico y la participación, que facilitan la asimilación de valores en los que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos responsables.En este sentido, los planteamientos metodológicos deben ser atendidos con sumo cuidado porque serán decisivos a la hora de asegurar que el conocimiento de determinados principios y valores genere la adquisición de hábitos e influya en los comportamientos".
De ahí que las voces de quienes hablan (hablamos) de objeción de conciencia ante la EpC, no se sientan intimidadas en lo más mínimo por las diversas amenazas (explícitas, más que veladas), que se prodigan desde los promotores de la EpC, claramente faltos de razonamientos, no ya sólo de razón (cosa que también sucede en los manuales de “Educación para la Ciudadanía”, que abordan la objeción de conciencia de manera sesgada). Y es muy difícil dialogar en una mesa cuando alguien pone encima de ella, como argumento, algo parecido a una pistola.
De ahí que -por ejemplo- pareza muy razonable lo dicho por Carlos Jariod, presidente de la asociación Educación y Persona, en "Mentiras sobre la objeción": porque quienes hablan de ella no son, como dicen algunos, y entre otras lindezas,
marionetas palurdas de "La Iglesia"; personas sin juicios que, beatos de sacristía, somos utilizados por los obispos.(...) Somos padres de familia, ciudadanos anónimos, creyentes o no, que tienen juicio propio y que estamos dispuestos a defenderlo.Que no queremos que el Estado ni nadie introduzcan en nuestras casas y en nuestros hijos una mentalidad ajena a nuestras convicciones (...), plenamente ajustadas a nuestra Constitución.
Si el alcance de la EpC viene planteado como algo realmente práctico, vital, entonces se entiende que quienes lo defiendan tiendan a dirigir sus invectivas, no hacia otras ideologías políticas, sino hacia el ámbito de la religión, y en este caso, la católica.
Porque, como he tenido ocasión de comentar a propósito de lo dicho por un lector en la anotación anterior, en efecto, podría decirse que el planteamiento del gobierno de ZP tiene trazas religiosas, dirigido a la persona completa en términos de peculiar "salvación" (relativista, inmanente, etc.), más que en términos de estricto comportamiento cívico. Quizá por eso, no parece tan lejos de la realidad imaginar la ironía del PSOE (o de una parte de él) acudiendo a inscribirse en el registro de instituciones eclesiásticas o religiosas.
De todos modos, por si alguno aún no lo sabía, la Justicia ampara el derecho a objetar frente a Educación para la Ciudadanía.
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